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Cadem

Comunicado Plaza Pública – Reflexión sobre el descontento social

Reflexión sobre el descontento social

La encuesta Plaza Pública Cadem N°302, correspondiente a la última semana de octubre, arrojó que la aprobación al presidente Piñera cayó a 14%, 15 puntos menos que la semana anterior, convirtiéndose así en el mandatario de Chile con la más baja aprobación al menos desde el retorno a la democracia. Al mismo tiempo, la percepción de que Chile va por buen camino alcanzó sólo 22 puntos, 50 puntos menos que en marzo del 2018. Descontento social (41%), alto costo de la vida (18%), delincuencia y vandalismo (15%), malos políticos (13%), desigualdad (12%), mala evaluación del gobierno (12%) y la presencia de las FF. AA son las principales razones que explican la jornada de violencia y manifestaciones. Todo esto, medido entre el miércoles y jueves de la semana pasada, antes de la manifestación de más de un millón de personas y de que el presidente Piñera le pidiera la renuncia a todo su gabinete.

¿Qué pasó?
Tenemos muchos antecedentes y datos que ayudan a entender el descontento social, pero creemos que nada ni nadie tuvo la capacidad de anticipar una explosión de descontento social como de la que hemos sido testigos esta semana. Las encuestas de opinión, estudios cualitativos y otras técnicas no recogen el pensamiento o actitudes de grupos que están fuera del sistema y que cuando se organizan son capaces de encender el fuego profundo del descontento social.

¿Qué antecedentes teníamos?
I. Desconfianza sistémica hacia el poder y cambio en la relación elite/ciudadanos
El promedio de confianza institucional es del 48% y ninguna de las instituciones que son reflejo del ‘poder’ supera esa cifra. En octubre, la confianza en Chile Vamos fue del 36%, la Fiscalía 36%, Frente Amplio 28%, Tribunales 27%, Grandes Empresarios 23%, Iglesia Católica 23%, Ex Nueva Mayoría 22% y Congreso 19%. En resumen, poder legislativo, judicial, ejecutivo, moral y económico no han logrado cumplir con las expectativas de un rebaraje del poder. Los ciudadanos ganaron poder y la elite no ha logrado canalizar esa demanda.
Todas estas cifras se dan también en medio de un profundo desarraigo electoral en medio de un diseño institucional que se arrastra al menos desde el 2012 con el cambio de sistema de inscripción automática y voto voluntario. En la última elección municipal de 2016, la cifra de participación fue del 35%, resultado que en la Región Metropolitana fue del 30% y del 36% en Valparaíso. A su vez, en la última elección presidencial del 2017 la participación no superó el 47%. Esto significa que por el presidente Piñera sólo votaron el 19% de la población en edad de votar en primera vuelta y un 27% en segunda vuelta. No muy distinto a la elección de la expresidenta Bachelet, que fue electa con tan sólo el 25%.
II. ¿Y el Gobierno?
La aprobación presidencial en Chile, al menos desde que tenemos gobiernos de cuatro años sin reelección inmediata, responde a ciertos ciclos que podemos dividir en tres etapas: una luna de miel que predomina casi todo el primer año, que es seguido por un largo, frío y duro invierno – que, al igual que en Game of Thrones, durará más que un par de meses – y que ha marcado al segundo y tercer año, y una última fase de recuperación muy característica del último año.
En este contexto, Piñera no sólo enfrentaba una dura fase de invierno provocada por la frustración de expectativas de la clase media frente a la promesa de tiempos mejores. Si no que al mismo tiempo se enfrentaba a un desafío mucho mayor. El nivel de aprobación durante los últimos cuatro gobiernos se ha venido deteriorando cada vez de forma más intensa. A saber: el nivel más bajo de ‘Bachelet 1’ fue de 35% (Transantiago), el de ‘Piñera 1’ fue 23% (Movimiento Estudiantil), y el de ‘Bachelet 2’ de 18% (Caso Caval + Reformas). Nada hacía pensar entonces que ‘Piñera 2’ no podría experimentar un proceso similar y este 25 de octubre nos encontramos con el resultado. La última encuesta Cadem le da sólo un 14% de aprobación, el más bajo de un presidente al menos desde el retorno a la democracia.
Pero este no es el único problema. Al mismo tiempo que los gobiernos pierden piso de aprobación, el inicio de la tercera y última etapa, el de “recuperación”, se ha ido atrasando cada vez más. Sí ‘Bachelet 1’ empezó a mejorar sus cifras de apoyo a mediados del tercer año de gobierno, ‘Piñera 1’ lo hizo a finales del 3° año, mientras que ‘Bachelet 2’ sólo logró mover la aguja favorablemente durante el primer trimestre de su 4° año de mandato. ¿Qué ocurrirá con ‘Piñera 2’? No lo sabemos. Es toda una incógnita. ¿Tendrá tiempo para lograr recuperarse?

III. ¿Qué escondía la economía?
La promesa de ‘tiempos mejores’ contrasta con la realidad económica nacional. Aunque el gobierno intentó recordarnos que la economía crecía más que el último gobierno de la presidenta Bachelet, lo cierto es que también en los últimos meses tuvimos los Imacec más bajos (1,3%) alcanzados en un gobierno del presidente Piñera (considerando también el primer período entre 2010/2014). Esto sumado a que la confianza de los consumidores (medida por el IPEC) también se encuentra en el nivel más bajo durante un mes con Piñera como presidente (38).
A lo anterior, se suma un claro freno en el consumo de los hogares, que se viene arrastrando desde el primer trimestre de 2018. Situación que conecta con la realidad del endeudamiento de las personas. 75% de los consumidores declara estar endeudado, y entre ellos ¼ ha tenido que pagar deuda con deuda. Situación que indudablemente explica las demandas actuales de los chilenos por mejores sueldos y pensiones. Los ingresos mensuales de las personas definitivamente no alcanzan.
Todo esto se suma además a las irrefutables cifras de desigualdad en términos de ingreso. Hoy el ingreso promedio de los hogares es de aproximadamente 750 mil pesos, el de un solo trabajador es de 500 mil y la dura realidad es que el 50% de los trabajadores chilenos vive con menos de 400 mil pesos.

¿Las consecuencias?

I. Caímos en la trampa
El mensaje político y la esperanza estaba puesta en que Chile era un país que se encaminaba directamente al desarrollo. Las expectativas estaban puestas en que la movilidad social era real y no sólo una quimera. De hecho, en una escala de 1 a 10, donde 1 es pobre y 10 es rico, los chilenos se ubican en un 5 (clase media pura). Cuando se les preguntaba por sus padres a la edad que ellos tienen los ubicaban en 4,2 (dando cuenta de movilidad social), pero cuando se les preguntaba por sus hijos cuando tuvieran su misma edad, este resultado saltaba a 7,5. De esta manera, la clase media chilena sentía que, con esfuerzo, siempre se podía. Que hoy los chilenos tenían acceso a educación y salud, que la gente podía consumir más y acceder a más y mejores bienes y servicios, que se podía salir más de vacaciones e incluso viajar al extranjero, nada de lo anterior es irreal.
El problema fue que este mensaje generó un aumento de expectativas desenfrenado, particularmente en esta clase media. Clase media emergente y con fragilidades económicas, cuyos cimientos de consumo, acceso a bienes que considera un derecho y calidad de vida se erosionan cuando sube el costo de la vida y son víctimas constantes de los abusos que permite el sistema.
La clase política no tuvo agenda para reaccionar al sistemático aumento del costo de la vida, tampoco fue lo suficientemente capaz de condenar los abusos y abrazar los derechos de ciudadanos y consumidores. El llamado al Estado no es más ni menos, a que este sea capaz de bajar la carga financiera sobre los bienes que la ciudadanía considera un derecho (vivienda, educación, salud y cuentas básicas). La discusión, ahora, no es cambiar necesariamente los pilares fundamentales del modelo económico. La discusión ahora es escuchar y discutir sobre lo elemental y de sentido común.

II. Mala gestión de la crisis
Desde un comienzo, el accionar del gobierno ha sido errático frente a la crisis de descontento social que está viviendo el país. El propio presidente Piñera ha cometido errores incomprensibles para su experiencia política. Su asistencia a comer pizza a un restaurant del sector oriente de la capital, como sus declaraciones de enfrentamiento o guerra con un enemigo poderoso, son hechos que la opinión pública no pasó por alto.
Al mismo tiempo, cada una de las vocerías del gobierno – al menos los primeros días de conflicto – giraron únicamente en el eje de orden público, pareciendo no entender que lo que movilizaba el conflicto e inclusive la violencia era el profundo descontento social asociado al significativo aumento del costo de la vida.
Los anuncios del Ejecutivo tardaron y el tiempo solo hizo que los costos que tendría que pagar el gobierno fueran cada vez más altos. Es así como hoy, un 80% considere que la agenda social propuesta por el gobierno sea considerada como insuficiente para cumplir con las demandas de la ciudadanía, siendo las más relevantes la reducción del sueldo de los parlamentarios y altos funcionarios públicos (50%), el ingreso mínimo de 350 mil pesos (34%) y el aumento inmediato de la pensión básica solidaria y del Pilar Solidario (31%).

III. El descontento social nos une, pero el orden público nos divide, polariza y también nos dicotomiza
Un mayoritario 72% considera que la crisis que está viviendo el país es principalmente la expresión de un descontento social generalizado, mientras que un 12% lo atribuye a un problema de orden público y de grupos violentos organizados. De hecho, aunque el 77% dice que ha visto afectada su rutina personal o familiar y un 64% que tuvo que adaptar su jornada laboral, igualmente 4 de cada 10 chilenos ha manifestado su opinión en redes sociales o ha participado de alguna movilización, marcha ciudadana o caceroleo, alcanzando un 57% entre los jóvenes. Estos resultados a su vez dan cuenta de una dualidad que quizá no habíamos visto antes. La gran mayoría se mostraba a favor de las evasiones masivas (58%) mientras que al mismo tiempo condena la violencia como una forma de protesta legitima (89%).
Ahora bien, dentro de esta transversalidad que marca el descontento social que impera en el país y que tiene como principal símbolo la marcha de más de un millón de personas de este último viernes, los datos también ponen de manifiesto que este descontento y sus expresiones ciudadanas se acentúan de manera importante entre las personas menores de 35 años, dando paso a una nueva división que va más allá de la izquierda y la derecha. Así, mientras un 81% de los jóvenes entre 18 y 35 años afirma que la situación del país es la expresión de un descontento social generalizado, esta cifra cae a un 60% en los mayores de 55 años.
Estas diferencias entre los distintos grupos de la población nos entregan algunas luces para entender las percepciones y posiciones de la opinión pública sobre el orden público y la presencia de los militares en las calles, en donde los chilenos presentan opiniones divididas. Si bien hay una condena transversal al uso de la violencia como forma de protesta y al robo de los establecimientos comerciales, las posiciones se dividen frente a la forma cómo se ha manejado el orden público. Así, un 55% está de acuerdo con la decisión de decretar toque de queda, mientras que un 43% está en desacuerdo. Asimismo, un 49% está de acuerdo con el Estado de Emergencia, permitiendo que los militares tomen el control del orden, mientras que un 45% está en desacuerdo. Ahora bien, este apoyo al Estado de Emergencia cae al 35% entre los jóvenes, mientras que alcanza un 60% entre los adultos mayores de 35.

IV. ¿Gana alguien?
Toda la política es la principal derrotada de este conflicto. Si la aprobación al presidente Piñera alcanza sólo el 14%, la verdad es que no es muy distinta a la de los parlamentarios del Frente Amplio (16%), Chile Vamos (16%), PPD (13%), PC (12%), DC (12%) y PS (11%). Son (todos) seguramente grandes responsables del descontento ciudadano. Y cuando se requería ponderación y reflexión con lo que estaba ocurriendo, fueron bastante pocos los que mostraron estar en esta línea, prefiriendo mantener la política de trincheras. Cuando el incendio quemaba gran parte del país, ellos decidieron seguir peleando en el Congreso.
Serán los liderazgos ciudadanos quienes seguramente serán más capaces de conectar con la ciudadanía. Hoy, cuando lo más importante es escuchar, comprender y accionar sobre los problemas cotidianos de las personas, nombres propios como Joaquín Lavín, Manuel José Ossandón, Karla Rubilar, Daniel Jadue, Jorge Sharp, Claudia Pizarro y seguramente otros alcaldes más, serán quienes tendrán mejores oportunidades de establecer lazos de confianza con la gente y de encausar las demandas actuales de la población.
No ser parte del ‘club’ parecerá ser la condición necesaria para ejercer los nuevos liderazgos políticos. La edad y el género, entonces, serán seguramente variables relevantes (para tener en cuenta en el próximo gabinete). La vieja escuela de la política – a aquellos que siempre se recurría en tiempos difíciles – queda off side en este nuevo Chile.

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